sábado, 28 de febrero de 2015

Una propuesta de reforma electoral para Baleares

Reflexiones políticas del autor del blog que incluyen una primera propuesta de REFORMA ELECTORAL EN BALEARES (Borrador início discusión)

Leer documento completo.

La crisis económica  que se inicia en 2007 puso sobre la mesa la necesidad de modernizar y adaptar las estructuras económicas y políticas nacionales a la nueva realidad mundial caracterizada por un mundo mucho más interconectado e interdependiente. Que conlleva la exigencia del aprovechamiento exigente de los recursos, es decir, la necesidad de estar permanentemente vigilante para evitar despilfarros.


Desde mayo de 2010 cuando el Gobierno de entonces decide reconocer la existencia de la crisis y su gravedad, se pone en marcha un proceso reformista, que se verá reforzado con la llegada al poder del PP junio de 2011 en las CCAA y seis meses después el Gobierno del Estado.


Se llevan a cabo reformas importantes, como la modificación de la propia Constitución en aras a una mejor administración de los recursos públicos; reformas sobre el sistema de pensiones; sobre todo el sistema financiero con la desaparición de la práctica totalidad de las antiguas Cajas de Ahorros; sobre una parte de la legislación laboral; sobre la política energética desarrollada hasta ese momento; sobre parte de la legislación fiscal, etc.


A nivel autonómico, la mayoría de las comunidades han seguido ese mismo camino, con cambios en la legislación comercial, de turismo, territorial, etc.


Sin embargo, muchas de esas reformas no se han podido completar y muchas otras han quedado, simplemente pendientes, como la reforma de la propia administración pública. Debido, principalmente, a la fuerte contestación social que ha experimentado todo el proceso.


Parte de esa contestación social que puede tener su origen en una crisis añadida a la económica de representatividad, ya que los ciudadanos perciben a los políticos como personas distantes, que toman decisiones de forma desconectada con respecto a los deseos de sus representados.


A lo que hay que añadir el afloramiento de muchos errores de inversión pública y de acción política cometidos en el pasado, cuyo máximo ejemplo son la gran cantidad de infraestructuras sobredimensionadas y, muchos de los casos de corrupción frecuentemente vinculados.


En buena medida, el el rechazo al cambio es lógico y fácilmente explicable, ya que los potenciales perdedores evitarán que se produzca, mientras que los potenciales ganadores no estarán seguros de una ganancia que, ciertamente, todavía está por venir. Sin embargo, cuando el cambio es imprescindible como con la actual crisis, una parte del rechazo proviene de la incomprensión que generan las decisiones tomadas en un ámbito político que se percibe como distante y oscuro.


La ciudadanía observa los parlamentos, tanto nacional como autonómicos, como aquellos lugares en donde se juega una especie de partido de fútbol en que los goles se meten cuando se le dice al contrario “y tú más”. Dejando una amarga sensación de orfandad tanto para la comprensión de las medidas tomadas, como para la búsqueda y comparación de las alternativas de solución..


Sin embargo, cuando se produce una situación de decrecimiento o estancamiento económico la política tiende a ganar protagonismo al transformarse la economía en un juego de suma cero, en donde la única forma de ver un futuro mejor es a costa de otros grupos sociales


Todo esto debería haber puesto sobre la mesa la necesidad de reformar los propios partidos políticos y el sistema de representación. Sin embargo, esta reforma no ha estado en ninguno de los potenciales foros. Se toman decisiones de reforma que casi nunca afectan a los propios dirigentes. Generando una sensación de frustración que se ha traducido en la percepción de que la alternancia en el gobierno ha dejado de ser un instrumento de rendición de cuentas de los políticos para con la ciudadanía.


Ciertamente, la duración de la crisis ha provocado  que la alternancia en el poder no haya reducido el descontento con nuestro sistema político.


La aparición de partidos radicales, creados de forma rápida, con mensajes populistas de corte extremista, se ha de interpretar más, como una reacción a la situación descrita, que como de una alternativa.


El Partido Popular, que tiene en su haber, las realización de complicadas reformas económicas que comienzan a dar frutos de forma satisfactoria, tiene la oportunidad de liderar un nuevo proceso de cambio, esta vez en el ámbito estrictamente político, que contribuya a aumentar la vinculación del conjunto de la ciudadanía con sus líderes políticos, al tiempo que refuerza el papel de las instituciones. Contribuyendo decisivamente a la necesaria estabilidad que requiere toda sana economía.


Una reforma de los partidos, y sobre todo, del sistema de representación podría ayudar a recuperar la confianza en la política. Pues un mejor sistema de representación podría facilitar la completar las reformas pendientes. La calidad de la política estará muy correlacionada con la calidad de los resultados.


Decía el Premier británico Disraeli que los partidos políticos son la opinión organizada de un país, al agregar preferencias, presentándolas en forma de programas, con la iniciativa en el debate, implementado políticas públicas y seleccionando a la élites.


Sin duda, los partidos políticos son, y deben seguir siendo, la pieza fundamental para la participación de la ciudadanía en la res-pública. Por ello es fundamental minimizar la percepción negativa que de ellos tiene una parte nada despreciable de la población.


Quizás, parte del problema reside en que los partidos son organizaciones que también necesitan adaptarse a la demanda de “más política” que existen entre los ciudadanos. De hecho, hasta ahora, se ha intentado que prime la fortaleza de la organización sobre la propia participación de la militancia y simpatizantes, utilizando el instrumento de las listas cerradas y bloqueadas, mediante un sistema de representación proporcional que permite la participación de las minorías.

viernes, 27 de febrero de 2015

Reforma electoral y económica

Nuevo artículo publicado hoy, que se puede leer en versión completa en:  El Económico de UH. En la versión impresa no aparece el último párrafo.
























En la versión también está completo, se puede ver en:
ultimahora.es

miércoles, 25 de febrero de 2015

Syriza se arrodilla ante la Troika

Tras varias semanas de postureo por ambas partes, el nuevo gobierno de Syriza ha parido finalmente la ratonil lista de reformas a cambio de la cual se prorroga la extensión del plan de rescate de la Troika (perdón, de “las instituciones”). Pese a toda la retórica antiausteridad con la que Syriza se encaramó al poder, al final la radical izquierda helénica se ha quedado en un servil propio de Bruselas (hasta el punto de que, al parecer, la lista de reformas fue redactada por un eurócrata de la Comisión Europea).
A continuación les adjunto un resumen de las más llamativas:
  • Subida efectiva del IVA: Syriza acepta “racionalizar” los gravámenes del IVA para “maximizar los ingresos” por la vía de “limitar exenciones y descuentos no razonables”. Por tanto, probablemente no veremos subidas en los tipos, pero sí reclasificación de productos (en línea con lo que también ha hecho Rajoy en España).
  • Subida del IRPF: Nuevamente, se habla de “modernizar el impuesto sobre la renta” y de “eliminar exenciones”. No habrá probablemente subidas de tipos nominales pero sí efectivos: como cuando Rajoy eliminó la deducción por compra de vivienda habitual o limitó la de aportaciones a planes de pensiones.
  • Lucha enérgica contra el fraude fiscal: Aunque a los adalides de la supremacía estatal todo lo que suene a “combatir el fraude fiscal” les encanta, reparemos por un momento que el fraude en materia de IVA suele concentrarse en las rentas bajas y, sobre todo, que el fraude en el impuesto sobre la renta y sobre la Seguridad Social se concentra en Grecia entre los trabajadores autónomos (el 50% de ellos ni siquiera cotiza). Por tanto, una efectiva lucha contra el fraude significará una brutal subida de impuestos, especialmente para los más desfavorecidos. Así debe ser como Syriza lucha contra la “crisis humanitaria”: sableando a las clases medias y bajas cual déspota montoril.
  • Rebaja de las pensiones: Evidentemente, la carta no lo expresa de este modo, pero su significado es obvio. Syriza se compromete a “establecer una mayor relación entre las contribuciones a la Seguridad Social y la renta”. Como se ha hecho en España, se alargará el período de cómputo de la base reguladora y se reducirá el porcentaje aplicable a la base reguladora. Resultado: menores pensiones per cápita.
  • Alargar la edad de jubilación: Como es obvio, tampoco se expresa de manera clara en la carta (la transparencia ante el pueblo no es el fuerte de Syriza), pero no otra cosa significa “eliminar las laguna y los incentivos que dan lugar a una excesiva tasa de jubilaciones anticipadas por toda la economía”. De nuevo, calcado a lo que ha hecho Rajoy: trabajar más y cobrar menos.
  • Consolidar los planes privados de pensiones como forma de reducir los gastos de la Seguridad Social: Sí, ha leído bien, Syriza promoverá el uso de los planes privados de pensiones para evitar que los gastos en la Seguridad Social sigan creciendo. Supongo que a esto se referirán muchos cuando hablan de “desmantelar y privatizar por la puerta de atrás el Estado de Bienestar para promover el negociete de los bancos”. Bueno, si es así, en Grecia disponen de todo un referente al respecto.
  • No readmisión de los funcionarios despedidos por los anteriores gobiernos: Syriza se compromete a no bajar los sueldos de los funcionarios pero tampoco tiene permitido incrementar el gasto total en salarios públicos. O dicho de otra forma, ni subidas salariales ni nuevas contrataciones (salvo para reponer la plaza de algunos de los funcionarios que se vayan jubilando). Como Rajoy, vaya.
  • Recortes en educación, sanidad y asistencia social: Syriza se compromete a “revisar y controlar el gasto en todas las áreas de la administración (educación, defensa, transporte, ayuntamientos y beneficios sociales)”. Asimismo, también habla de “controlar el gasto sanitario y mejora la provisión de servicios de calidad, asegurando el acceso universal”. El lenguaje típicamente troikiano (idéntico al utilizado por Rajoy para aprobar sus propios recortes) apunta, como poco, a que los recortes anteriores se mantendrán cuando no ahondarán. No habrá más gasto en servicios sociales, de modo que es de suponer que la “crisis humanitaria” provocada por el austericidio en materia de política social seguirá tal cual.
  • Mantener todos los compromisos de privatizaciones de activos públicos: Las privatizaciones ya acordadas se mantendrán en las condiciones aprobadas por los anteriores gobiernos (¿Syriza ratifica el reparto caprichoso de “lo público” acometido por la “cleptocracia anterior?). Los proyectos de privatización no se cancelarán, si bien podrán revisarse las condiciones preliminarmente acordadas.
  • La Troika decidirá cuándo se sube el salario mínimo: Aquí sí son bastante claros cuando dicen que “la magnitud y el momento de cambiar el salario mínimo se consultará con los socios europeos y las instituciones internacionales, incluyendo la OIT, así como de una nueva autoridad independiente que evaluará si los cambios en los salarios van en línea con la mejora de la productividad y de la competitividad”. Primero aumento de la productividad, luego aumento de los salarios mínimos. Lo mismo que hemos venido escuchando en España desde hace años.
  • Se mantendrán los desahucios: Aunque la carta habla de que “se colaborará con la dirección de los bancos y con las instituciones [Troika] para evitar ejecuciones de la vivienda principal por debajo de un umbral de renta” (umbral no especificado) y de que “se tomarán medidas para apoyar a las familias más vulnerables que no pueden pagar sus deudas”, ambas actuaciones están restringidas a no perjudicar la capitalización de los bancos ni el déficit público (nada distinto, por cierto, a lo que ya viene sucediendo en España con el código de buenas prácticas bancarias aprobado por el PP). En materia de desahucios, de lo que se trata es de repartir un agujero entre familias, bancos y gobierno: si nos dicen ni bancos ni gobierno se van a comer ese agujero, ¿quién cree que lo seguirá asumiendo? Obvio: las familias. No en vano, la misma carta enfatiza la necesidad de “promover una intensa cultura del pago de las deudas familiares”. No habrá simpa, sino mucho compa.
  • Lucha contra la crisis humanitaria sólo sobre el papel: El último de los epígrafes contenidos en la carta recalca el compromiso del gobierno griego de luchar contra la crisis humanitaria que asuela al país. Es una loable declaración de intenciones que, sin embargo, tiene un problema: no va acompañada de dotación presupuestaria. A la postre, la condición que ha aceptado Grecia para implantar este programa es “garantizar que la lucha contra la crisis humanitaria no tendrá efectos fiscales negativos”. Vamos, que nada nada de déficit para financiar la medida estrella de su campaña electoral.
Súmenle, además, a esta lista de reformas el “compromiso inequívoco” que asumió la propia Syriza en el Eurogrupo del pasado viernes sobre la necesidad de “cumplir con todas las obligaciones financieras plenamente y en el momento acordado”.
A la vista de todo ello, Syriza queda irreconocible: una mera calcomanía del Pasok y de Nueva Democracia salvo acaso porque para muchos Tsipras sea más simpático y empático que Papandreu o Samarás. Pero, en última instancia, ni aumento del gasto social, ni rebaja de los impuestos, ni readmisión de funcionarios, ni “desprivatizaciones”, ni reestructuración de la deuda. Nada. Tan sólo han quitado a unos de la poltrona para ponerse ellos. Casta y neocasta.
Eso sí, recuerden siempre que estamos hablando de un gobierno griego: nadie se sorprenda si Syriza, como ya hicieran el Pasok y Nueva Democracia, no cumple ni uno solo de sus compromisos. El papel lo aguanta todo.

Competencia multa con 32,4 millones a cinco petroleras por pactar precios

Multa millonaria para las petroleras por pactar precios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha impuesto sanciones por un total de 32,4 millones a cinco petroleras por los precios de las gasolinas. Competencia sanciona a Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil con un total de 32,4 millones de euros, aunque el grueso corresponde a Repsol y Cepsa.

elpais.com

lunes, 9 de febrero de 2015

Reformar la Ley Electoral según Esperanza Aguirrre

De un tiempo a esta parte todas las conversaciones sobre política acaban con la conclusión de que España está viviendo momentos de especial gravedad y que tiene que hacer frente a problemas de inusitada dificultad. Muchas veces esa constatación es expresada, incluso, con un pesimismo que roza el catastrofismo. Ese pesimismo me parece, por un lado, injustificado, y, por otro, enormemente peligroso. 
Es verdad que los momentos que vivimos no son fáciles, pero también es verdad que los españoles hemos vivido momentos mucho más difíciles y hemos sabido superarlos. Como también es verdad que nunca en nuestra historia hemos contado con un marco político más democrático y más adecuado para afrontar todos esos problemas: la Constitución Española de 1978. 
El catastrofismo que aparece en muchas de esas conversaciones de los últimos tiempos hunde sus raíces en los graves problemas que están en la boca de todos: la crisis económica con la secuela tremenda del paro, el desafío independentista de los nacionalistas catalanes y, para terminar de oscurecer el cuadro, los escandalosos casos de corrupción de demasiados políticos. 
En ese caldo de cultivo es donde hay que enmarcar propuestas de ruptura como las que propugna, sin ambages, Podemos. Ante las dificultades que plantea la crisis económica, ante las tensiones independentistas y ante la corrupción en la que han caído algunos –demasiados– políticos, Podemos quiere hacernos creer que la solución mágica es su propuesta de dar por liquidado el régimen constitucional de 1978. 
Es una constante en la Historia de España la de hacer tabla rasa de lo ya existente, para, a continuación, querer empezar todo de cero. Con consecuencias siempre nefastas. Basta contemplar la historia de la elaboración de las Constituciones Españolas, que, en muchos casos, se ha guiado por la ley del péndulo y por el afán de imponer a media España la voluntad de la otra media. En este sentido, como en muchos más, la Constitución del 78, ésa que algunos quieren jubilar de manera insensata, es el ejemplo de lo mejor que ha producido la clase política española en los dos últimos siglos. 
Al contrario de lo que propugnan los catastrofistas, es precisamente nuestra Constitución del 78, la Constitución del consenso y de la concordia, el marco más adecuado para afrontar la solución de todos los problemas que hoy nos acucian. 
De esto no tengo la menor duda. Como tampoco la tengo de que ha llegado la hora de hacer política muy en serio. Fernando Savater, en un libro aparecido hace poco (Defensa de la ciudadanía Ed. Ariel), dice: «ser político en el sentido auténtico del término, no en el insultante y pueril, es preferir enmendar errores a linchar culpables». Creo que es un acertado consejo para todos. Claro que ese consejo implica taxativamente la enmienda de los errores por parte de los políticos. No me refiero a la corrupción, porque la corrupción no es un error, sino un delito gravísimo en un político. Me refiero a todos los errores en los que los políticos han –hemos– caído en los más de 36 años de vida constitucional que llevamos. 
Errores que, además de la corrupción, han acabado por provocar una innegable desafección de los ciudadanos hacia los políticos. 
Una de las causas de esa distancia que, cada vez más, separa a políticos y ciudadanos, la tenemos en el funcionamiento interno de los partidos políticos. Los partidos políticos hoy viven y se mueven hacia adentro, siempre pendientes de sus cúpulas dirigentes, que mantienen muy pocos canales de comunicación con los ciudadanos e, incluso, con sus propios militantes de base. 
Esta situación es el resultado de los casi 38 años de vigencia de una Ley Electoral, que está pidiendo a gritos ser reformada. Porque con las listas cerradas y bloqueadas, los electores sólo conocen al cabeza de lista, que, además, es el único que de verdad se la juega en las elecciones. 
Con el sistema actual los políticos acaban por preocuparse y ocuparse sólo de agradar al líder de su partido, que es el que les va a colocar en las listas en puestos de salida, en vez de preocuparse y ocuparse de servir a los ciudadanos que les han votado. 
Puede no ser fácil la reforma de la Ley Electoral, pero es imprescindible. Lo que sería imperdonable es que no se aborde por egoísmo partidista o por miedo a que entre aire fresco en los partidos. 
Antes de abordar las posibles reformas de la Constitución, que algunos propugnan, puede que de buena fe, sería mucho mejor consensuar una nueva Ley Electoral. Y no hacer caso ni a los catastrofistas ni a los que, con la excusa de que algunas cosas no van bien, quieren cargarse todo lo que tanto ha costado conseguir.

jueves, 5 de febrero de 2015

Discutiendo con el sector de más a la derecha

Mi tesis, que defendí en solitario ayer en el Club Diario de Mallorca es que hemos vivido y, aún estamos viviendo una crisis económica, no de valores. Pues con el decrecimiento económico la economía se convierte en un juego de suma cero en donde cada grupo sabe que la única forma de mejorar es a costa del empeoramiento de otros por lo que aparece el conflicto que, cuando es suave, se manifiesta en forma de tensión política.

Por eso aparecen tensiones independentistas en Cataluña o se vuelve a pensar que el leninismo de podemos es una solución.

No obstante, en España están pendientes dos grandes reformas: La de la financiación autonómica, hacia una mayor responsabilidad fiscal de las Comunidades, y la electoral que debe tender a limitar el enorme poder que tienen las cúpulas de los partidos.

martes, 3 de febrero de 2015

Baleares ha eliminado 104 entes públicos y 2.044 empleados

Baleares ha eliminado 104 entes públicos y 2.044 empleados


Baleares es, por detrás de Andalucía (132), la región que mayor número de entidades públicas ha disuelto

03.02.2015 | 11:36
La comunidad autónoma de Baleares ha eliminado 104 entidades del sector público desde 2012 y ha reducido su plantilla en 2.044 personas, lo que se ha traducido en un ahorro de 324 millones de euros, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En conjunto, las comunidades autónomas han suprimido en el mismo periodo 715 entidades de su sector público y entre 2011 y 2015 han reducido su plantilla en 53.544 personas.
Baleares es, por detrás de Andalucía (132), la región que mayor número de entidades públicas ha disuelto, y le sigue Cataluña (90).
Los datos corresponden al informe sobre reordenación del sector público autonómico con fecha de 1 de julio de 2014 -que se hace público ahora- para analizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Según ese informe, los procesos de reordenación y racionalización llevados a cabo por las autonomías entre 2011-2015 han supuesto un ahorro de 21.587 millones de euros por medidas de racionalización.
Desde 2012, se han producido 526 bajas de entes públicos y otras 189 entidades han cesado sus actividades o están en fase de liquidación, lo que supone un total de 715 entidades extinguidas o en fase muy próxima a la extinción.
El objetivo asumido por las autonomías en 2012 era acabar con 508 entes públicos, superado en un 41 % a estas alturas, pero en el último informe esos compromisos han aumentado hasta las 834 entidades, 326 más que las previstas inicialmente.
Así, cuando las autonomías cumplan el objetivo de supresión de entidades, habrán reducido su sector público instrumental en un 35,18 % y pasará de los 2.371 entes de 2012 a 1.537.
De este modo, el número de entidades será inferior a las 1.702 del año 2003, cuando se creó el inventario de entes dependientes de las comunidades autónomas.
Castilla-La Mancha es la región que más empleo publico ha destruido, con 15.399 empleados menos que en 2011, seguida por Cataluña (12.842) y Comunidad Valenciana (9.089).
El mayor ahorro, según las estimaciones de Hacienda, lo ha logrado Cataluña, con 6.675 millones de euros, mientras que la Comunidad Valenciana ha conseguido ahorrar 3.276 millones y Madrid 2.902.
En el informe no se incluyen los entes públicos del País Vasco, aquellos en los que participan varias comunidades autónomas ni los de Ceuta y Melilla.