El nuevo curso político es el más preelectoral de la legislatura y, probablemente, uno de los más decisivos de nuestra historia reciente. Se inicia la cuenta atrás de una convocatoria que puede cambiar por completo el mapa electoral y, con él, gobiernos, formas y fórmulas de nuestra res pública.
La legislatura que finaliza ha supuesto un baño de realismo poco conocido en el ejercicio del poder, muy acostumbrado al juego de las apariencias. Se han realizado cambios que muchos consideraban imposibles. El proceso reformista ha sido suficiente para que podamos proclamar que por primera vez en nuestra historia estamos saliendo de una crisis económica sin devaluar la divisa -sin hacer trampa- sino adaptando estructuras productivas a los estándares internacionales. Nos hemos ganado a pulso el crédito internacional que de nuevo vuelve a fluir hacia nuestro país. Ha sido duro, y, seguramente por eso, aparecen en el panorama formaciones que son más una reacción que una alternativa, pero que tienen la virtud de mostrar dónde se encuentran los elementos que persisten del desasosiego vivido.
Ahora que las urgencias del inicio de mandato han pasado parece un momento adecuado para identificar serenamente las principales cuestiones a afrontar durante el próximo cuatrienio.
Ciertamente, el relato de lo hecho por cada uno durante esta dura crisis, que comienza a dar signos de remitir, y las propuestas que se hagan para el futuro pueden marcar los grados de diferencia necesarios para continuar con el rumbo moderadamente reformista u optar por otro mucho más incierto.
A título de reflexión en voz alta, quizás se puede pensar en tres grandes ejes sobre los que ir articulando los nuevos planteamientos. En primer lugar, en materia económica el lastre desempleo sugiere que queda mucha flexibilidad, libertad de mercado y racionalización de costes por ganar para poder incluir a los muchos todavía excluidos. En segundo lugar, la conciliación de las exigencias regionales con la unidad de España sigue siendo una asignatura sin acabar de superar, y en cuyo núcleo central está el asunto de la financiación, que debería experimentar un fuerte cambio, aumentando la responsabilidad de las CCAA. Por último, la reforma básica, de la que dependen muchas otras, es la del sistema electoral, que debería ir encaminada a mejorar los canales de comunicación y confianza entre representantes políticos y ciudadanos representados.
Sin que se trate de una solución mágica, la apertura parcial de las listas a través de la introducción de distritos electorales uninominales podría contribuir a ello, reforzando así la clásica división de poderes y su sano juego de balances.
Cabe recordar que en 1977 se optó por fortalecer a los débiles partidos políticos de entonces, otorgando a sus dirigentes el instrumento de la elaboración de las candidaturas en un sistema proporcional con listas cerradas y bloqueadas, al constituir un mecanismo que asegura organizaciones muy homogéneas con poco espacio para el disenso y, por tanto, para la innovación. Y que todas las CCAA optaron por la reproducción del sistema, debilitando consiguientemente la representatividad de sus diputados.
Como cada cuatro años, el proceso de elaboración de propuestas y su debate está en marcha, pero ¿hay que volver a utilizar el manual del buen político de los últimos 35 años?
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